Los padres del alumno han solicitado reiteradamente desde que el niño iniciara su escolarización en el citado centro, que le impartan las clases en castellano, siempre amparándose en el artículo 139.1 de la Constitución Española.
Los padres del alumno, que cursa actualmente 2º de Primaria en el CEIP Sant Climent, de la localidad de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), han solicitado reiteradamente desde que el niño iniciara su escolarización en el citado centro, que le impartan las clases en castellano, siempre amparándose en el artículo 139.1 de la Constitución Española.
Una demanda razonable y asistida por la ley de rango superior, pero que en la práctica parece difícil de satisfacer para esta familia.
El padre, Jesús Ruiz Marín, quiere que se respete la libertad de expresión de su hijo “con objeto de evitar un presunto caso de sumisión lingüística a la lengua catalana”. Pero las barreras impuestas han sido muchas. Y las cartas enviadas a los Servicios Territoriales de Educación del Baix Llobregat también. En una de ellas, fechada a 20 de noviembre de 2008, se comunicaba la compra por parte de los padres del libro de música del alumno así como el manual del profesor en castellano. Pese a todas las facilidades dadas por los progenitores, estos se quejan: “Para la instructora de música nuestro hijo no existe... Ni le enseña en su libro, ni pone su CD para que pueda cantar en castellano. Todo el material está por estrenar. Seguimos con el silencio administrativo desde 2006 y con 113,62 euros menos que nos costó el libro tutorial en castellano para la profesora. Ni lo pagan, ni lo compra el centro ni enseñan al niño”, nos dice Ruiz Marín. Pero esta no es la única queja de este padre y periodista que se encuentra todavía a la espera de recibir evaluaciones y documentos oficiales sobre la evolución educativa de su hijo en el centro: “Hemos sabido que el niño ha pasado de curso porque ahora está en 2º”, señala.
El director del CEIP Sant Climent, Josep Balsa i Català, niega que esto sea así: “Al final de curso se reparten informes de varios folios a todos los alumnos del centro. Los padres de este niño reciben el mismo informe, sólo que en castellano”, afirma. Es el único que lo ha pedido de los 360 alumnos.
Notas no oficiales
Ruiz insiste: “La información que ofrecen no es oficial. No lleva membrete del centro, ni sello. No tiene validez jurídica alguna”, a lo que el director del centro responde: “Estamos haciendo lo que marca la ley. Cuando un alumno pide atención individualizada en castellano, se le da, pero la música es una asignatura colectiva. Aunque tiene atención individualizada, es muy difícil enseñar una canción en catalán y que sólo un niño cante en castellano”, responde Balsa.
El director entiende, aunque no comparte, lo que piden los padres. Puntualiza que no se han realizado requerimientos al centro sino al departamento de Educación de la Generalitat.
Mientras tanto Ruiz Marín, como muchos otros padres, considera que esta situación no se trata sólo un tema lingüístico sino un atropello al sistema educativo. Para demostrar su argumento ofrece el documento (sin membrete ni sello alguno) que recibe cada trimestre, donde los profesores del centro escriben los comentarios sobre su hijo.










